La Asociación Andaluza de Empresas de Educación y Ocio (AAEECO), como patronal representativa del sector en Andalucía, manifiesta públicamente su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesan las entidades encargadas de desarrollar programas de apoyo educativo en los centros públicos de Andalucía.
El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en Andalucía (PROA Andalucía), que en el curso pasado se desarrolló en 1.981 centros públicos de la comunidad (según el Dosier de Cifras y Datos del curso 2024/2025 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional), mantiene importantes deudas pendientes con las empresas del sector.
Este programa, que implica la contratación de más de 3.300 profesionales mentores a través de empresas especializadas, acumula retrasos que superan ya los tres meses de impagos en una gran parte de los centros. El último abono recibido en muchos casos se remonta al mes de enero de 2025, lo que genera una situación económica insostenible para las empresas, que deben seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y fiscales sin percibir las cantidades que legalmente les corresponden.
Esta situación se agrava, con la publicación, en las primeras semanas de septiembre, de las nuevas Instrucciones que regulan estos programas agrava aún más la incertidumbre. Dicho documento omite las referencias legales al convenio colectivo aplicable, lo que deja en una posición de inseguridad jurídica tanto a las empresas como al personal contratado.
El Observatorio del Sector ya ha expresado su disconformidad con este redactado, solicitando que se incluya expresamente la mención a la contratación del perfil de “mentor” conforme al convenio vigente. Ignorar esta cuestión supone un grave retroceso en la calidad y estabilidad del empleo en el sector.
AAEECO recuerda además que sigue sin constituirse la Mesa Sectorial, solicitada por la patronal y los sindicatos al inicio de curso a la Consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen del Castillo. Esta mesa resulta imprescindible para garantizar un espacio estable de comunicación, coordinación y regulación de unos servicios que son fundamentales para la equidad y la calidad educativa en Andalucía.
La continuidad y sostenibilidad de miles de empleos, así como la estabilidad de programas educativos esenciales para el alumnado andaluz, dependen de una respuesta ágil y responsable por parte de la administración.