La Asociación Andaluza de Empresas de Educación, Cultura y Ocio (AAEECO) ha celebrado esta semana una nueva reunión clave en el marco de las negociaciones del II Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del Sector Ocio Educativo y Animación Sociocutural. El objetivo principal de este encuentro ha sido avanzar la negociación de este convenio, aproximando consensos de gran calado para el tejido empresarial que la organización representa.
Mayor protección y seguridad jurídica para las empresas
Uno de los puntos más destacados de la jornada ha sido la nueva regulación de los periodos de inactividad y llamamiento para el personal fijo discontinuo, una de las modalidades contractuales más utilizadas y sensibles en este sector.
Para AAEECO, la negociación de este apartado ha partido de un riguroso estudio de las particularidades de la actividad, cuya gestión de servicios es altamente compleja. Por un lado, una gran parte de las prestaciones está sujeta estrictamente al calendario escolar; por otro, los campamentos presentan una marcada estacionalidad, son dos de los subsectores mas críticos en este punto.
Con el fin de adaptar la norma a esta realidad, se han negociado plazos superiores a los establecidos por ley, superando el mínimo legal de tres meses fijado para el periodo de inactividad. Esta medida supone una mejora cualitativa que dota de máxima protección y garantía jurídica a las empresas en la relación contractual mantenida con el personal trabajador.
Próximos pasos: Una plataforma patronal fuerte ante los puntos críticos
Con los avances en contratación ya encauzados, AAEECO centrará sus próximos esfuerzos en bloques normativos de alta sensibilidad y gran repercusión para las empresas del sector, como es la subrogación, cobertura de vacantes y planes de igualdad, entre otros puntos del Capítulo V, con una plataforma patronal fuerte y cohesionada. Desde AAEECO se recuerda que estos asuntos son críticos para el sector, por lo que el nuevo convenio debe procurar siempre, como principio fundamental, la máxima protección legal para garantizar las relaciones laborales.