Las nuevas subidas en los costes salariales para este 2024, no están previstos en los contratos públicos que se ven comprometidos sino se revisan los precios.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que sorprende a muchos convenios que no han dado lugar a absorber en sus negociaciones dichos incrementos, a pesar del desacuerdo de las empresas en la revisión de estos dos últimos años.
Las consecuencias de no acordar unos incrementos con las empresas para que puedan absorberlos en las negociaciones de sus convenios, implica que aparezcan grietas en la sostenibilidad de los servicios públicos, ya que en servicios como comedor escolar, extraescolares, aula matinal y otros que dependen de la Junta de Andalucía, no acogen estas revisiones de precios, ni tampoco lo hace la propia Ley de Contratos, donde en su última revisión (1), excluyen la revisión de precios por subidas salariales no previstas en convenios.
En sectores como el ocio educativo donde el 80% del coste es coste salarial y donde sus contratos son de 2 a 4 años, queda desamparado de esa revisión de precios, poniendo en aprietos la garantía de continuidad de los servicios públicos como es en este caso que además son esenciales, ya que los incrementos de salario y nuevas medidas sorprende a los proveedores que ya prestaban estos servicios antes del 2024.
El sector apoya las medidas y la mejora de la calidad laboral, y es consciente que en los próximos años las subidas salariales y las nuevas medidas sociales que se aprueben son medidas para encaminar a España a la media de Europa, pero donde el Gobierno pide un esfuerzo a las empresas que prestan sus servicios públicos, es necesario que los Gobiernos o mediante la confección de pliegos, incluyan dichas revisiones haciendo viables la prestación del servicio, y disminuyendo el riesgo de la destrucción de este tejido empresarial.
(1) Ley 11/2023 que modifica la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y recupera la revisión de precios para todos los contratos públicos